El presidente Lázaro Cárdenas enfrentó la más grave crisis de la posrevolución, cuando decidió acabar con el monopolio de las poderosas petroleras estadounidenses y británicas.

Los llamados Convenios de Bucareli de 1923, entre el gobierno de Obregón y los representantes estadounidenses, giraron en torno a la aplicación retroactiva de la ley en los ámbitos de minería y petróleo, pero también respecto a los impuestos que se aplicaban a las compañías norteamericanas. Los pactos extraoficiales obligaron al presidente Obregón a disminuir impuestos y a retrasar la ley reglamentaria nacionalista.

Ante la disminución de impuestos provenientes de la actividad petrolera y la actitud estadounidense de confrontación, el presidente Plutarco Elías Calles, decidió acelerar la promulgación de la ley reglamentaria del párrafo IV del artículo 27 constitucional con el aval del Congreso de la Unión, que la aprobó en noviembre de 1925. Allí se estableció que las compañías petroleras debían de renovar y confirmar sus concesiones, pagar más impuestos y sujetarse a las disposiciones legales. Se encendió la querella de las empresas estadounidenses, británicas y holandesas con el gobierno, la cual se prolongaría hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas.

Durante diez años, las compañías petroleras intentaron impedir la formación de sindicatos obreros, pero el 27 de diciembre de 1935, se fundó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que posteriormente sería parte fundamental de la Confederación de Trabajadores de México y, por lo tanto, se tuvo que acordar un contrato colectivo de trabajo que estatuyera los derechos de los petroleros, incluido el de huelga.

En noviembre de 1936, dicho sindicato emplazó a las compañías para negociar un contrato general que estableciera la jornada semanal de cuarenta horas, pago de mejores salarios, así como la cobertura por enfermedades y gastos por accidentes de trabajo, entre otros. La intransigencia de las compañías llevaría a una huelga general el 28 de mayo de 1937, que paralizó a la industria.

Las petroleras dijeron que no contaban con recursos para sufragar las demandas de los trabajadores, pero una comisión de peritos concluyó que los beneficios de las compañías eran superiores, y podían cubrir las demandas de los trabajadores. Las corporaciones enfurecieron y tuvieron que afrontar un juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el 18 de diciembre, cuyo resultado fue que tenían que erogar veintiséis millones de pesos de salarios caídos por la huelga de mayo, que había sido rota por la mediación del presidente Cárdenas.

El mismo 1936, en noviembre, se dio a conocer la ley que reglamentaba el derecho constitucional del gobierno a expropiar, por causas de utilidad pública, empresas y propiedades en beneficio de la nación. La legislación fue aplicada en la expropiación de Ferrocarriles Nacionales de México, en junio de 1937, con lo que se solucionó la huelga de los trabajadores que exigían el pago del séptimo día de la semana. Esta ley sería fundamental para lo que sucedería después.

La mañana del 18 de marzo de 1938, la Junta Central de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo, con el que rescindió el contrato colectivo de trabajo entre las empresas y el sindicato petrolero, como una medida que solucionaría el conflicto obrero-patronal, y para liberar de sus obligaciones a los trabajadores. De inmediato, los representantes de las compañías acudieron con Cárdenas para decirle que cumplirían con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, y subirían los salarios de los obreros. El presidente les contestó que ya era tarde, y que se tomarían medidas extremas. De hecho, su decisión se venía conformando desde una semana atrás. La negociación de los dirigentes de las petroleras con Cárdenas, no menguó el conflicto. Los gerentes amenazaron al Estado Mexicano con retirar la inversión de sus capitales y abandonar el país, bajo la protección de sus respectivos gobiernos. La furia y la intransigencia se apoderaron de las compañías, por lo que el presidente tomó medidas legales para defender a los trabajadores petroleros, pero también para aplicar la ley.

Fue así como ese mismo día, pero a las diez de la noche, el Presidente de la República Mexicana, el General Lázaro Cárdenas del Río, apoyado por su gabinete, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión, expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos.

Las concesiones a las compañías expropiadas quedaron sin efecto, y su operación fue cancelada. El decreto también reforzó la acción contundente en torno a la propiedad de la nación, sobre los productos del subsuelo que se había legislado en el marco del nacionalismo revolucionario.