Las lenguas indígenas que hay en México son mucho más que sólo idiomas, son una alternativa (necesaria) para ver el mundo.

La narrativa actual, la forma en la que entendemos el mundo, no ha dado buenos resultados. Vivimos dentro de un sistema que apuesta por el consumo compulsivo (de recursos e información), devasta al medioambiente y que no parte de la justicia social. Este es uno de los motivos por los que es tan relevante reconocer a las lenguas indígenas y dar espacio a voces que han sido excluidas a lo largo de la historia.

En México se hablan 364 variantes lingüísticas, provenientes de 68 agrupaciones. Esto quiere decir que existen 68 formas distintas de relacionarse con el mundo y 364 matices para hacerlo. Esta gran diversidad, sin embargo, navega todavía en un mar de prejuicios; no hemos sabido reconocer su relevancia ni su valor. No hemos cultivado la humildad inherente a la escucha.

La riqueza de las lenguas indígenas no está dada. Hay que recordar que en un lapso de 200 años, según el INEGI, su población hablante se redujo de 65% a 6,5%. Así, lo que antes era una mayoría, hoy es una minoría que, además, registra los mayores rezagos en ‘acceso a salud, educación, alimentación, trabajo y justicia’.

Hay lugares como la Ciudad de México donde se hablan 55 de las 68 agrupaciones. Aunque las personas que hablan una lengua indígena representan 1.5% del total de la población de la entidad federativa, eso no justifica que exista una desigualdad lingüística que no les permita transitar los espacios con los mismos derechos que las personas que hablan español. 

‘La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2º de la Constitución Política para establecer que el Estado reconoce como lenguas nacionales, al español y a las lenguas indígenas, las cuales tendrán la misma validez en términos de la ley’. En pocas palabras, esto significa que se elevó a rango constitucional a las lenguas indígenas, a la par del español. 

Este logro es importante en dos dimensiones principales: la primera, es que tiene un valor simbólico en el terreno identitario y cultural, y, la segunda, es que esta reforma tendrá que traducirse al espacio físico; manifestarse en lo material. Es decir que contar con algunos traductores en tribunales judiciales no será suficiente, las personas hablantes de lenguas indígenas deberán poder usarlas con más frecuencia y sus palabras empezar a permear diferentes espacios públicos. 

Se establece que los idiomas indígenas forman parte del patrimonio cultural de la nación, por lo que el Estado promoverá su preservación, estudio, difusión, desarrollo y uso. Además, tendrá la obligación de promover una política lingüística multilingüe, que propicie que estos idiomas alternen en igualdad con el español en todos los espacios públicos y privados.

La reforma incluye en el texto constitucional las siguientes lenguas: Akateko, Amuzgo Awakateko, Ayapaneco, Cora, Cucapá, Cuicateco, Chatino, Chichimeco, Chinanteco, Chocholteco, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Chuj, Ch’ol, Guarijío, Huasteco, Huave, Huichol, Ixcateco, Ixil, Jakalteko, Kaqchikel, Kickapoo, Kiliwa, Kumiai, Ku’ahl, K’iche’ y Lacandón.

También: el Mam, Matlatzinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl, Oluteco, Otomí, Paipai, Pame, Pápago, Pima, Popoloca, Popoluca de la Sierra, Qato’k, Q’anjob’al, Q’eqchí’, Sayulteco, Seri Tarahumara, Tarasco, Teko, Tepehua, Tepehuano del norte, Tepehuano del sur, Texistepequeño, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tlahuica, Tlapaneco, Tseltal, Tsotsil, Yaqui, Zapoteco y Zoque.