Si posees alguna propiedad que está abandonada, toma precauciones para evitar que sea ocupada indebidamente o vendida por un tercero. Así evitarás un largo y molestoso proceso de recuperación.

Si eres dueño de una propiedad o terreno que por cualquier razón está desocupado, ten mucho cuidado, pues una desatención podría provocar paracaidismo o fraudes inmobiliarios de delincuentes que pretenden vender propiedades que no les pertenecen.

Los terrenos, casas solas, predios y casas descuidadas o con adeudos en el impuesto predial son los principales blancos de los defraudadores.

Primero, es importante tener el título de propiedad a nombre del dueño, quien será la única persona legitimada para realizar procesos de recuperación ante una eventual ocupación por un tercero sin derecho sobre el inmueble. En caso de herencia, es importante realizar los trámites necesarios para transferir la propiedad.

Evita la impresión de abandono. Si es un terreno, coloca una barda y dale mantenimiento. Si es una casa, cierra bien puertas y ventanas.

Otra medida recomendada es efectuar la inmovilización de la partida del predio. Esto se hace ante un notario y congela cualquier movimiento documentario de una propiedad sobre la que se declara que no hay intención de venderla, evitando así cualquier intento de estafa a través de títulos de propiedad falso.

Coloca un letrero que diga “no está en venta” o “propiedad privada” y preséntate con los vecinos para solicitarles apoyo en caso que detecten cualquier comportamiento sospechoso. Esto no es sustituto para un monitoreo constante de tus propiedades, que también es recomendable.

Una protección más es la aplicación “Alerta Inmobiliaria” del gobierno de la Ciudad de México, que notifica en caso que una propiedad sea objeto de una anotación de inicio de operación, es decir que esté involucrada en una venta potencial.

El despojo puede llegar a provocar problemas de recupe-ración para el propietario. Por regla general la propiedad no se pierde, pero los procesos para recuperar la posesión pueden ser tardados y costosos, por lo que lo mejor es  prevenirlos.

El proceso inicia con una denuncia penal que sólo puede ser presentada por la víctima acreditada y puede devenir en un juicio legal de ocho a 18 meses.

Aproximadamente los costos de representación están entre cinco y ocho mil pesos por el escrito inicial y de $1,500 a $2,000 pesos mensuales. Es decir, el costo del proceso podría ascender a 44 mil pesos.